La Corte Suprema resolvió ayer aceptar la apelación presentada por el
Estado Nacional contra el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que
mantiene suspendida a la nueva Ley Federal de Servicios Audiovisuales.
Como primer paso de esta medida, el tribunal resolvió enviar el
expediente al procurador General de la Nación, Esteban Righi, para que
de su dictamen sobre el caso. Cuando el expediente esté nuevamente en la
Corte, los jueces comenzarán a estudiar si mantienen la suspensión de
la ley que dispuso la Justicia de Mendoza o revocan esa medida.
En
este último caso, según fuentes del tribunal, la ley no será de
aplicación inmediata porque hay un fallo similar de la justicia de Salta
-donde también se cuestiona el procedimiento de sanción de esa ley en
el Congreso- que aún no fue revisado por la Cámara de Apelaciones de esa
provincia.
Por otra parte, hay otras causas en las que se
planteó la inconstitucionalidad de algunos artículos de la nueva norma,
pero estos planteos aún no llegaron apeladas ante la Corte.
Para
declarar "admisible" el recurso del Estado en la causa que llegó de
Mendoza, los jueces entendieron que estaban frente a un asunto de
"gravedad institucional". La otra opción posible era que la Corte
rechazara "in limine" (sin tratamiento) este planteo, basándose en el
argumento de que las medidas cautelares no constituyen "sentencia
definitiva" y por lo tanto no son habitualmente revisadas por el
tribunal.
Como consecuencia de la multiplicidad de presentaciones
derivadas de la sanción de esta ley, el proceso que comenzó ayer en la
Corte con la admisión del recurso extraordinario presentado por el
procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, tiene por delante un largo
trámite.
Además de la suspensión de la Justicia de Salta, hay
otra decisión judicial que frena un artículo -el que fija un plazo para
la "desinversión"- que fue confirmado recientemente por la Cámara en lo
Civil y Comercial Federal.
Desde que la ley 26.522, conocida como
ley de medios, fue sancionada en octubre pasado, algunos jueces de
distintos distritos del país suspendieron la vigencia de varios
artículos señalados como inconstitucionales, entre ellos los que
establecen ese plazo de un año para que las empresas de medios se
adecúen a la nueva legislación.
Por otra parte, el diputado
nacional Enrique Thomas, en Mendoza, denunció que los diputados
oficialistas incurrieron en violaciones reglamentarias cuando dieron
media sanción a la ley. Lo que la Corte tiene que resolver en esta
causa, entonces, es si confirma o revoca la medida cautelar dictada por
la jueza Olga Pura de Arrabal y confirmada por la Cámara de Apelaciones
de esa provincia, que le daba la razón a Thomas en una primera etapa,
hasta resolver la cuestión de fondo del planteo, es decir, la validez de
la ley.
Fuentes de la Corte señalaron que el tratamiento del
caso Thomas no adelanta opinión sobre la constitucionalidad o no de la
ley. Lo que se discute en esta causa es el trámite de la sanción y no la
validez de algunos de sus artículos. Ese será tema de otro debate que
aún no llegó al tribunal.
Fuente: clarin.com
